La Ley Antifraude Hostelería trae cambios importantes en facturación y control de caja. Descubre cómo afecta a los negocios de restauración y hostelería para que estén al día con las obligaciones de la normativa fiscal.
Software TPV conectado con la Agencia Tributaria.
Ser propietario de un restaurante o cualquier negocio de hostelería no es una tarea fácil. No basta con ofrecer un buen servicio y productos de calidad; también es fundamental gestionar correctamente aspectos como la facturación, los gastos internos y estar al día con los cambios en las normativas. Además, cumplir con las obligaciones fiscales es clave para evitar sanciones y garantizar el buen funcionamiento del negocio.
En este contexto, la Ley Antifraude adquiere gran relevancia, ya que busca reforzar la transparencia y combatir el fraude fiscal en el sector. Si tienes un restaurante o participas en su gestión, es imprescindible conocer las implicaciones de esta nueva ley y cómo puede afectar a los negocios de restauración. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber.
La Ley Antifraude, conocida oficialmente como la Ley 11/2021, entró en vigor en julio de 2021 con el objetivo de fortalecer la lucha contra el fraude fiscal. Esta normativa establece una serie de medidas para mejorar el control tributario y garantizar una mayor transparencia en distintos sectores económicos. En el ámbito de la hostelería, su impacto es significativo, ya que introduce regulaciones que afectan tanto a la gestión financiera como a los procesos operativos diarios de los negocios.
Esta normativa es de obligado cumplimiento para autónomos y empresas con una facturación anual igual o inferior a seis millones de euros. Cabe señalar que las empresas que superan este umbral ya estaban sujetas a estas regulaciones desde 2017. En el caso de la hostelería y la restauración, abarca a todo tipo de negocios, desde pequeños bares y cafeterías hasta restaurantes con varias ubicaciones.
La reforma del software antifraude comenzó a aplicarse el 11 de octubre de 2021, mientras que el reglamento que detalla los requisitos específicos para los programas de facturación fue aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2023.
A partir de esa fecha, los desarrolladores y fabricantes de software cuentan con un plazo de nueve meses para adaptar sus sistemas a la nueva normativa, lo que fija el 5 de septiembre de 2024 como límite para su implementación. Finalmente, el reglamento será de aplicación obligatoria para todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del 1 de julio de 2025.
A partir de julio de 2025, se deben emitir facturas electrónicas, lo que obliga a los restaurantes a contar con un software de facturación compatible. Un sistema TPV que permita generar y gestionar estos documentos de manera eficiente, asegurando el cumplimiento de la normativa y facilitando la gestión contable.
Los programas de gestión y los sistemas de punto de venta (POS) deben estar certificados y ajustarse a los estándares exigidos por la ley. Esto significa que no pueden ser manipulados para modificar registros, garantizando la transparencia en todas las transacciones. Los restaurantes deben actualizar sus sistemas para evitar sanciones y operar dentro del marco legal.
El nuevo reglamento limita los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros en transacciones donde intervenga un profesional o empresario. Esta medida busca reducir el fraude fiscal y fomentar el uso de medios de pago electrónicos, lo que exige que los restaurantes se adapten a una mayor digitalización en sus cobros.
Para cumplir con la Ley Antifraude, los propietarios de bares, cafeterías y restaurantes deben asegurarse de que sus sistemas informáticos estén actualizados y cumplan con los nuevos requisitos antes del 1 de julio de 2025. Esto implica contar con un software de facturación adecuado que garantice la generación y registro de cada transacción de manera segura y transparente.
Cada factura emitida debe incluir información detallada, como el número de identificación fiscal, el nombre o razón social del negocio, el número y serie de la factura, la fecha de expedición, el tipo de factura (completa o simplificada), una descripción de las operaciones realizadas, el importe total y el régimen fiscal aplicado, entre otros datos relevantes.
Además, el software utilizado debe ser capaz de enviar estos registros de facturación a la Agencia Tributaria de forma segura y automática. Esta transmisión debe realizarse de manera continua, precisa, íntegra e instantánea, sin posibilidad de manipulación, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de la normativa fiscal.
El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria establece sanciones severas para aquellos que no cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa. Estas infracciones se consideran graves y pueden acarrear multas económicas significativas.
Los fabricantes y distribuidores de software que no se ajuste a la normativa pueden enfrentarse a una sanción de 150.000 euros por cada ejercicio económico y por cada tipo de sistema que no cumpla con los estándares establecidos. Asimismo, comercializar un software sin la certificación correspondiente puede suponer una multa de 1.000 euros por cada sistema vendido sin acreditación oficial.
Por otro lado, los negocios que utilicen sistemas de facturación no conformes, alterados o sin certificar también pueden ser penalizados. En estos casos, la sanción asciende a 50.000 euros por cada ejercicio económico en el que se emplee un software que no cumpla con la normativa vigente.
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