La ley obliga a los restaurantes a reducir residuos, fomentar donaciones y aplicar planes contra el desperdicio alimentario.
El Gobierno aprueba la ley para luchar contra el desperdicio de alimentos, una medida pionera que busca reducir al máximo la pérdida de comida en todo el proceso, desde el campo hasta que llega al consumidor. Esta normativa se aplica a todos los sectores que forman parte de la cadena alimentaria, incluyendo a los restaurantes y negocios de hostelería.
El objetivo principal de esta ley es lograr que, para el año 2030, se reduzca a la mitad el desperdicio de alimentos en el comercio minorista y en el consumo, y que las pérdidas en producción y distribución bajen un 20%. Para ello, se pide a las empresas del sector alimentario, incluidas las de restauración, que desarrollen planes específicos para prevenir el desperdicio.
Esto significa que los restaurantes y otros establecimientos similares deben adoptar medidas concretas para aprovechar mejor los alimentos, donar los excedentes en buen estado y organizar su actividad de forma más responsable.
Los negocios de hostelería y restauración con una superficie mayor a 1.300 metros cuadrados están obligados a firmar acuerdos con organizaciones sin ánimo de lucro u otras entidades para donar los alimentos que no se venden, pero que aún están en buen estado. Esta medida busca asegurar que los excedentes no terminen en la basura, sino que lleguen a quienes los necesitan.
Por otro lado, los comercios de alimentación con más de 400 metros cuadrados también tienen nuevas responsabilidades. Estos deben promover la venta de productos sin embalajes, como opciones a granel o con envases reutilizables, para reducir el uso de envases de un solo uso. Además, tienen que dar prioridad a la venta de alimentos que estén cerca de su fecha de caducidad, que presenten pequeñas imperfecciones o que sean productos locales y de temporada.
También se establece que todos los establecimientos que vendan alimentos frescos, preparados o bebidas deben permitir que los clientes utilicen sus propios recipientes reutilizables, siempre que estén limpios y en condiciones adecuadas. El consumidor es responsable de mantener estos envases en buen estado, y el local debe informar claramente sobre las condiciones necesarias para su uso.
Finalmente, la ley reconoce el derecho de los clientes a llevarse las sobras de su comida en envases apropiados y sin costo extra, salvo en casos como los bufés libres. Los restaurantes deben informar de esta opción en sus cartas o menús, y los envases utilizados tienen que ser reutilizables, reciclables o ajustarse a las normas actuales para reducir el uso de plásticos desechables.
Aunque la nueva Ley contra el Desperdicio Alimentario tiene como objetivo principal fomentar la prevención y reducción de residuos, también establece sanciones económicas para quienes no cumplan con sus obligaciones. Estas multas pueden ir desde los 2.000 euros en casos leves, hasta los 500.000 euros cuando se trata de infracciones graves o muy graves.
Entre las infracciones leves se encuentran no seguir el orden de prioridades en la gestión del desperdicio, no justificar adecuadamente su incumplimiento o no donar alimentos aptos para el consumo cuando se tiene la obligación y los medios para hacerlo. También se considera falta leve impedir contractualmente la donación de alimentos, no seguir las buenas prácticas del sector o no colaborar con las autoridades en la medición de residuos.
Las infracciones graves incluyen no tener un plan de prevención cuando se está obligado, destruir alimentos que aún pueden consumirse o discriminar a la hora de repartir donaciones. Además, si una empresa comete varias faltas leves en un período de dos años, puede considerarse una infracción grave. Finalmente, las infracciones muy graves se aplican cuando se repite una falta grave en ese mismo plazo de tiempo.
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